Aguilar Zelaya consultor Honduras se está acostumbrando peligrosamente a convivir con la tragedia. Cada semana las carreteras se tiñen de sangre, las salas de emergencia colapsan y nuevas familias lloran la pérdida de un ser querido. Lo más grave es que, una vez más, todo termina reducido a estadísticas, discursos oficiales y promesas que nunca se cumplen.
Los accidentes no son mala suerte
Los accidentes de tránsito no son producto de la mala suerte. En la mayoría de los casos son consecuencia directa de la irresponsabilidad, el irrespeto a la ley y la escasa capacidad del Estado para hacerla cumplir. Quien conduce a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o de manera temeraria, toma una decisión consciente que pone en riesgo la vida de los demás. Esa conducta debe tener consecuencias ejemplares.
Aparte de los conductores de vehículos livianos, de transporte colectivo y de servicio pesado, quienes solo saben decir: «es que se soplaron los breques» —pamplinas, es que no saben manejar—, los dueños de esas máquinas deben responder por los daños y muertes ocasionados por su paso por las carreteras nacionales, porque contratan a menores de edad y sin la portación de su Licencia para Conducir Equipo Pesado.
Que no se nos olviden los famosos «piques» en altas horas de la noche y la mayoría de motociclistas que ponen a cada conductor de los pelos de punta, con su alta velocidad, por el irrespeto a sus vidas y a la cárcel a los motoristas.
La responsabilidad también debe ser económica
El Estado no puede seguir trasladando a toda la sociedad el costo de la imprudencia de unos pocos. Los hospitales públicos invierten millones de lempiras atendiendo a personas involucradas en accidentes ocasionados por conductores negligentes. Sin limitar el derecho de toda persona a recibir atención médica de emergencia, la legislación debe permitir que esos gastos sean recuperados de quienes, mediante sentencia o resolución firme, resulten responsables. La responsabilidad también debe ser económica.
Una crisis moral en los hospitales
Pero si las carreteras reflejan una crisis de disciplina, algunos hospitales exhiben una crisis moral aún más preocupante. Son recurrentes las denuncias de médicos o personal sanitario que presuntamente condicionan la atención o inducen a los familiares a comprar clavos quirúrgicos, implantes, medicamentos e insumos en negocios específicos. Si tales prácticas se comprueban, no constituyen simples irregularidades administrativas: representan una traición al juramento profesional y un acto de corrupción cometido contra personas que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Quien utiliza la necesidad de un paciente para obtener beneficios particulares ha perdido toda autoridad moral para ejercer la medicina en un hospital público. El despido debe ser inmediato, una vez concluido el debido proceso y demostrada la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.
El Ministerio Público puede actuar de oficio
El Ministerio Público no puede seguir esperando denuncias formales cuando los hechos son de conocimiento público. La ley faculta a esa institución para actuar de oficio cuando existan indicios de delitos que afectan el interés colectivo. La corrupción hospitalaria no se combate con comunicados de prensa; se combate con investigaciones serias, requerimientos fiscales y sentencias condenatorias.
Lo que está en juego
Una nación donde se tolera la imprudencia en las carreteras y la corrupción en los hospitales termina perdiendo mucho más que recursos económicos: pierde el respeto por la ley, la confianza en sus instituciones y el valor de la vida humana.
Ha llegado el momento de que el Estado recupere el principio de autoridad. La ley debe dejar de ser un simple enunciado para convertirse en una realidad que premie al ciudadano responsable y sancione con firmeza al infractor y al corrupto. Sin autoridad, sin justicia y sin consecuencias, Honduras seguirá pagando con vidas el precio de la impunidad.
¡Qué opinan nuestros legisladores al respecto! ¿Seguirán permitiendo estas irresponsabilidades en las carreteras y en el sistema sanitario público? ¿Y el Ministerio Público?